Monarquía o República
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Wen
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Laurana
icaro100
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¿Te agradaría la abolición de la Monarquía borbónica en España y la instauración de la 3ª República?
Re: Monarquía o República
Mujer, puestos a coger información imparcial y completa sobre un tema, mejor la Frikipedia. Veamos lo que dice sobre la monarquía...
Fuente: http://www.frikipedia.es/friki/Monarqu%C3%ADa
Pinchando ahí podéis leer el resto del artículo enciclopédico XD
Monarquía
Una monarquía es una forma de gobierno caracterizada por una familia que vive muchísimo mejor que las demás. Dicha familia se conoce como familia real.
Fuente: http://www.frikipedia.es/friki/Monarqu%C3%ADa
Pinchando ahí podéis leer el resto del artículo enciclopédico XD
Abogao de Don Nadie- Mensajes : 608
Miembro desde : 15/04/2008
Re: Monarquía o República
dios existe FRIKIPEDIA?????????? ESA ES MI PÁGINAAAAAAAA JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJA
Shi de Shiva- Moderador
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Re: Monarquía o República
xDDDDDDDDDDDD
http://www.frikipedia.es/friki/Rep%C3%BAblica
República:
* Etapa secundaria o "Igualdad, Libertad y Fraternidad": Esta etapa se caracteriza por Guillotinar a los reyes en vez de sencillamente matarlos. Además se permite "redistribuir los bienes eclesiales" y "dar la jubilación anticipada" al clero, ya sea por las buenas o por las malas. Además aparece el lema "Igualdad, Libertad y Fraternidad", que añade un toque cómico al asunto (aunque estudiosos y eruditos afirman la posibilidad de que en realidad sea una lista de los enemigos de todo sistema político). El ejemplo más claro es Francia.
* Etapa terciaria o "Que Dios nos pille Confesados": Tiene dos subvariantes....
http://www.frikipedia.es/friki/Rep%C3%BAblica
República:
* Etapa secundaria o "Igualdad, Libertad y Fraternidad": Esta etapa se caracteriza por Guillotinar a los reyes en vez de sencillamente matarlos. Además se permite "redistribuir los bienes eclesiales" y "dar la jubilación anticipada" al clero, ya sea por las buenas o por las malas. Además aparece el lema "Igualdad, Libertad y Fraternidad", que añade un toque cómico al asunto (aunque estudiosos y eruditos afirman la posibilidad de que en realidad sea una lista de los enemigos de todo sistema político). El ejemplo más claro es Francia.
* Etapa terciaria o "Que Dios nos pille Confesados": Tiene dos subvariantes....
Wen- Mensajes : 5842
Miembro desde : 15/10/2008
Re: Monarquía o República
¿Es que soy yo el único que ha votado que le da igual? Monarquía Parlamentaria y República es esencialmente lo mismo, lo único que cambia es el principio de autoridad que adoptan, la sumisión al poder es la misma en ambos casos.
Re: Monarquía o República
Pero no es lo mismo tener un presidente de la república electo y totalmente controlado por el parlamento (incluyéndose el tema de su presupuesto y gastos institucionales, tan oscuro con los borbones) que un incapaz cuya permanencia en el cargo no se debe a las cualidades o apoyo popular...sino a que es hijo del anterior monarca. La república, a diferencia de la monarquía, es respetuosa con la dignidad del pueblo y permite un control mucho mayor del Jefe del Estado...y la clase de república que nos propone Laurana, y que yo apoyo, nos ahorra los gastos del borbón, pues lo quita de enmedio y no lo sustituye por ningún presidente (cosa totalmente lógica, pues todos somos conscientes de que sin la figura de su cargo el país funcionaría exactamente igual).
Re: Monarquía o República
Yo no soy consciente de que un estado sin figura presidencial funcionara igual, no he tenido el placer de conocer ninguno como para mantener eso, lo puedo imaginar, pero no creo que la comunidad internacional permitiese la propagación de esos peligrosos ejemplos.
Weber distinguía tres tipos de razones por las cuales el pueblo decide someterse a la autoridad de otra persona:
Weber distinguía tres tipos de razones por las cuales el pueblo decide someterse a la autoridad de otra persona:
- Autoridad carismática: votar como delegado de clase al chico popular. Cualidades apreciadas por el grupo social son las necesarias para alzarse con el papel de autoridad.
- Autoridad hereditaria: caso del actual Borbón. Aunque se le pida un papel neutral o se reserve para un mero cumplimiento de protocolos, a mí me parecería más productivo exigirle a la Familia Real que se gane el sueldo antes que querer quitárselos de en medio. Hay miles de cosas que pueden hacer por la sociedad desde la posición que ocupan, son un recurso valioso que únicamente queda para actos diplomáticos y entierros de militares y policías.
- Autoridad legal-racional: la que se desprende del sometimiento a la ley y a la razón. Se supone que esta es la que tenemos ahora, unas leyes, unos códigos...
Re: Monarquía o República
La autoridad hereditaria es un anacronismo que humilla al pueblo al destruir la iguadad entre ciudadanos que debe fundamentar el orden político de cualquier Estado civilizado. El Estado del que hablamos Laurana y yo es el siguiente: un presidente, una cámara legislativa...y nada más. Exactamente lo que hay ahora, pero sin el gasto superfluo que supone el borbón (por cierto, EEUU sólo tiene presidente y no posee una figura de Jefe de Estado diferente, aunque como es lógico no defiendo el papel preponderante que allí se da al presidente frente a las cámaras).
Re: Monarquía o República
Ni soy monárquico ni soy antiborbónico, pero no rechazo la existencia de figuras que recojan los valores comunes de la sociedad, y sirvan como ejemplos y embajadores próximos al ciudadano medio. Creo que hay riqueza para promocionar estas personalidades y que merece la pena invertir en ello.
Un ejemplo puede ser el de un deportista que haya sido coronado en su disciplina, promocione actividades solidarias y sea reconocido y admitido por la gran mayoría por sus valores ejemplares (esfuerzo, sacrificio, tolerancia al fracaso y a lo diferente, compañerismo, deportividad), un guía para la gente.
¿Te imaginas a Michael Schumacher coronado Rey de Europa? (la verdad es que siempre ha sido un cabrón compitiendo).
Un ejemplo puede ser el de un deportista que haya sido coronado en su disciplina, promocione actividades solidarias y sea reconocido y admitido por la gran mayoría por sus valores ejemplares (esfuerzo, sacrificio, tolerancia al fracaso y a lo diferente, compañerismo, deportividad), un guía para la gente.
¿Te imaginas a Michael Schumacher coronado Rey de Europa? (la verdad es que siempre ha sido un cabrón compitiendo).
La casa borbónica responde a un pasado español, a una mentalidad de nuestros antepasados (ni mejor ni peor, la que había) pero las naciones se están muriendo y junto a ellas las causas que las hicieron nacer y crecer.
A mí me gustaría vivir una utopía de mayor, sin repúblicas ni monarquías.
Re: Monarquía o República
El único legitimado para representar a un país es su presidente electo...pensar que un tío, por haber nacido en una opulenta familia, representa el ethos social de una nación (por otra parte cambiante e inspirado en el pluralismo) es erroneo a mi parecer...y un "rey" electo no sería sino lo mismo que un presidente, una persona nombrada por la mayoría pero rechazada por la minoría (aunque siempre mejor que un rey hereditario que no es nombrado por nadie y sí rechazado por muchos).
Re: Monarquía o República
La gente necesita ídolos y héroes con los que inspirarse, independientemente de que también requiera representantes responsables que tengan cariño por su labor y su pueblo, alejados de ambiciones y tecnocracias.
Re: Monarquía o República
icaro dijo:
ethos social de una nación
Erich Fromm, en su teoría sobre el carácter social (HUMANISMO SOCIALISTA, pp. 253-254), dijo:
(...) El concepto de carácter social se refiere a la matriz de la estructura caracterológica común a un grupo (...) La persona media debe querer hacer aquello que debe hacer para desempeñarse en una forma que la sociedad utilice sus energías para sus propios fines (...)
El miembro de un pueblo primitivo que depende del saqueo y asalto de otras tribus, debe tener un carácter belicoso, apasionado por la guerra, la matanza y el pillaje. Los miembros de una tribu pacífica, agrícola, deben ser proclives a la cooperación en cuanto ésta se opone a la violencia. La sociedad feudal funciona correctamente sólo cuando sus miembros tienden a someterse a la autoridad y a respetar y admirar a aquellos que son sus superiores. El capitalismo sólo funciona con hombres ávidos por trabajar, disciplinados y puntuales, cuyo mayor interés consiste en el lucro monetario, y cuyo principio fundamental en la vida consiste en el beneficio económico que deriva de la producción y el cambio. En el siglo XIX el capitalismo necesita de hombres partidarios del ahorro; a mediados del siglo XX necesita de hombres frenéticamente interesados en gastar y consumir. El carácter social representa la forma en que se moldea la energía humana para aprovecharla como fuerza productiva en el proceso social.
El carácter social es reforzado por todos los medios de influencia accesibles a una sociedad: su sistema educativo, su religión, su literatura, sus canciones, sus chistes, sus hábitos y, por encima de todo, sus métodos familiares para criar a sus niños.
Re: Monarquía o República
udogi escribió:La gente necesita ídolos y héroes con los que inspirarse, independientemente de que también requiera representantes responsables que tengan cariño por su labor y su pueblo, alejados de ambiciones y tecnocracias.
Para eso ya tenemos a Raúl, Xavi, Casillas... XD
Abogao de Don Nadie- Mensajes : 608
Miembro desde : 15/04/2008
Re: Monarquía o República
De ser posible, yo no los escogería de entre los futbolistas, son unos incultos en su mayoría (y algunos unos sinvergüenzas). Aunque compatibilizar estudios y deporte de élite es algo complicado, Ayrton y Brunno Senna (junto a Marc Gené) son ejemplos de deportistas con carrera.
Re: Monarquía o República
Entonces me das la razón...eso que muchos llaman "valores patrios" o "idiosincrasia de un pueblo" en la mayoría de los casos es un conjunto prefabricado de patrones de conducta...que sirven para beneficiar a las élites consiguiendo unos ciudadanos dóciles y útiles para sus intereses.
Re: Monarquía o República
Más que alienación cultural, yo diría que es la moda preponderante en un determinado modelo socio-económico que todos deseamos seguir para sentirnos miembros del grupo.
Poca gente se plantea volverse un eremita y vivir de su huerto en una época donde tienes supermercados cada 200 metros. Por mucho que quieras subsistir de la tierra al final verás que no podrás vivir al mismo nivel que los otros, cuanto más independiente y autónomo te haces de los demás, más solo te sentirás.
Nos socializamos sin saberlo, las personas a las que les tenemos afecto nos incitan involuntariamente a pensar de una determinada manera y no de otra.
Cosa distinta es la ingeniería social que a través de los sistemas educativos y de los medios de comunicación de masas quieren alterar ese ethos social en beneficio propio.
Poca gente se plantea volverse un eremita y vivir de su huerto en una época donde tienes supermercados cada 200 metros. Por mucho que quieras subsistir de la tierra al final verás que no podrás vivir al mismo nivel que los otros, cuanto más independiente y autónomo te haces de los demás, más solo te sentirás.
Nos socializamos sin saberlo, las personas a las que les tenemos afecto nos incitan involuntariamente a pensar de una determinada manera y no de otra.
Cosa distinta es la ingeniería social que a través de los sistemas educativos y de los medios de comunicación de masas quieren alterar ese ethos social en beneficio propio.
Re: Monarquía o República
Se puede ser independiente y no sufrir la soledad, rodeándote de personas que compartan ese deseo de libertad contigo Y ya sabes donde se suelen fabricar las modas
Re: Monarquía o República
Carta dirigida al presidente del Congreso por Amadeo Martínez Inglés, coronel del ejército e historiador militar...un valiente y fiel retrato sobre la figura del actual Jefe de Estado impuesto por el tirano Franco.
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
(sigue abajo)
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
(sigue abajo)
Re: Monarquía o República
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
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