DETENIDO FRANCISCO MARQUES, CONSEJERO DEL GOBIERNO DE VALCARCEL HASTA HACE POCO, POR PREVARICACION Y COHECHO

El ex consejero del Gobierno regional Francisco Marqués ha sido detenido este jueves por la Policía Nacional en el marco de las actuaciones abiertas por los delitos de prevaricación y cohecho en el 'caso Zerrichera', según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ).

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía trasladaban esta tarde a Murcia al ex consejero del PP para realizar varios registros domiciliarios. Marqués prestará declaración en los próximos días ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que tiene abiertas varias actuaciones por delitos de prevaricación y cohecho en relación con el 'caso Zerrichera'.

La Zerrichera es un proyecto urbanístico que incluía la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la sierra de La Almenara, en Águilas, parte de las cuales contaban con protección medioambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la detención de Francisco Marqués se produjo a última hora de este miércoles por la mañana en Madrid, cuando se encontraba de viaje de trabajo, por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que lleva el caso de La Zerrichera y que ha decretado parcialmente el secreto de las actuaciones judiciales.

Marqués fue consejero de Sanidad del Gobierno murciano del PP (1999-2003), delegado del Gobierno en Murcia (2004) y consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2004-2006). En abril de 2006, presentó su renuncia, tras varios meses de desgaste por las críticas ecologistas a su gestión, especialmente por la recalificación de la finca La Zerrichera en Águilas.

Un caso abierto hace dos años
El caso fue abierto por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, el 22 de febrero de 2007, que presentó una querella por prevaricación contra el alcalde de Águilas, el popular Juan Ramírez y un ex edil de este ayuntamiento, cuatro altos cargos de la Comunidad y un funcionario.

El fiscal jefe abrió las diligencias tras las denuncias presentadas por Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE, por presuntos delitos contra el medioambiente y prevaricación.

Francisco Marqués (Valladolid, 1960) ha desempeñado durante años varios cargos en la Administración Pública y actualmente es director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), empresa de distribución farmacéutica, con sede en Murcia.

El jefe superior de Policía de Murcia, Carlos Llorente, no quiso hacer declaraciones acogiéndose el secreto del sumario, y el viceportavoz parlamentario del PP, José Antonio Ruiz Vivo, también declinó hacer valoraciones de lo ocurrido.

La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, reclamó respeto a las actuaciones judiciales. En un comunicado de prensa, defendió que "deben respetarse siempre los tiempos de la Justicia y la presunción de inocencia de cualquier persona objeto de investigación".

Fuente: EL MUNDO

Por suerte la Justicia empieza a penetrar en el paraiso de la corrupcion y la destruccion medioambiental para hinchamiento del bolsillo de unos cuantos jerarcas que el PP monto en Murcia...y lo hace pisando fuerte. Nada menos que el consejero estrella de Valcarcel. Como vemos la corrupcion pepera llegaba a los mas altos puestos del gobierno regional...y Valcarcel no sabia nada? Enhorabuena a los colectivos ecologistas que tanto han peleado por proteger nuestro patrimonio natural y llevar a tantos ladrones sin escrupulos al lugar que merecen: la carcel.

Marques admite (de momento) que defraudo 550000 euros a Hacienda...y esto es solo el principio...la Zerrichera espera http://www.laverdad.es/murcia/20090310/region/marques-admite-ante-juez-20090310.html

La justicia empieza a asumir el verde




Los
jueces están perdiendo el miedo a paralizar grandes obras, a menudo
públicas, para salvar un árbol o un animal protegido. Hay casos
extremos, como el que protagonizó el miércoles el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias al suspender de forma indefinida las obras del
puerto de Granadilla (en Tenerife, más de 300 millones de inversión
prevista) para preservar una alga protegida.

Pero hay muchos
más. El oso pardo paró la estación de esquí de San Glorio; el hotel del
Algarrobico es ilegal y el juez considera que la Junta manipuló los
planos de un parque natural para permitirlo; uno de los mayores
proyectos eólicos fue anulado por estar en zona de urogallo; la cigüeña
negra impidió la urbanización en Las Navas del Marqués, y un ex
consejero de Murcia fue detenido el miércoles por la recalificación de
una zona con águila perdicera y tortuga mora. David vence cada vez más
a Goliat.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo,
Antonio Vercher, considera que algo se mueve: "Claro que hay un cambio.
Teníamos las leyes y ahora cada vez más tenemos las sentencias". En
2006, las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo lograron 295
condenas; en 2007 la cifra fue de 407 y la cifra siguió previsiblemente
subiendo en 2008. Jaime Doreste, coordinador del área legal de
Ecologistas en Acción, coincide: "Antes salíamos a hombros si ganábamos
un pleito, ahora nos toman más en serio y ya no es tan raro".

Hay
varios factores que explican este cambio de tendencia. Y el caso
canario reúne varios de ellos. El tribunal estimó la petición de los
ecologistas de Ben Magec, que denunciaron que la Consejería de Medio
Ambiente vulneró su propio decreto al descatalogar una pradera
submarina frente el puerto. Dicho decreto, de 2001, exige razones
científicas para descatalogar cualquier especie protegida. Pero la
desprotección se hizo sólo para poder construir el puerto de
contenedores, con el que Canarias quería convertirse en puente entre
Europa, África y América.

El caso es el típico en el que una
Administración se pilla los dedos con su propia ley. Alguien en Medio
Ambiente elabora una norma estricta y nadie prevé las consecuencias.
Puede que incluso la declaración del espacio protegido le sirva a esa
misma Administración para ponerse medallas sobre su apuesta por el
medio ambiente. Años después esa norma es incompatible con algún
proyecto de la comunidad.

El catedrático de Derecho
Administrativo de León Carlos González Antón explica que es un caso
frecuente: "Se declaran Zonas de Protección para las Aves y Lugares de
Interés Comunitario y creen que eso sólo sirve para ponerlo en un mapa.
Se enorgullecen de la cantidad de espacios protegidos que tienen y
luego intentan saltárselo". La Junta de Castilla y León ha copiado una
estrategia que ya siguieron Murcia o Baleares y ha comenzado a aprobar
por ley sus grandes proyectos. Así consigue que sólo el Constitucional
los pueda anular.

La alegría de los ecologistas con el auto que
paraliza Granadilla es total, entre otras cosas porque no les han
pedido fianza. La Autoridad Portuaria (Canarias y Gobierno central)
pidió que los ecologistas avalasen su petición con 31,873 millones de
euros por los daños que podía causar la paralización. El tribunal
admite que al parar la obra -que ya estaba en marcha- puede ocasionar
graves perjuicios, pero que ese daño "no puede prevalecer sobre el
riesgo de daños al medio ambiente".

Doreste es coordinador del
área legal de Ecologistas en Acción en la que colaboran unos 50
abogados. Consiguió una sentencia en la que se declaraba ilegal la
duplicación de una carretera de la Comunidad de Madrid por hacerse sin
declaración de impacto ambiental. Pero cuando llegó el fallo ya era
tarde. La Justicia había exigido a Ecologistas en Acción una fianza de
497.367 euros que no pudieron reunir y Madrid construyó la carretera.

Los
ecologistas actúan de forma cada vez más profesional y ganan más casos.
"En mi clase hace años simulaba un pleito en el que defendía el impacto
de una obra sobre el milano real. Llevaba allí a un juez de verdad y un
día se empezó a reír. Hoy ya no pasaría", resume González Antón.

En
junio pasado, la Sociedad Española de Ornitología recurrió un parque
eólico en una zona protegida de urogallos en León. Presentó informes
técnicos en los que se suele incluir los censos de la especie y los
nidos localizados por GPS. El juez accedió a paralizar las obras. "La
urgencia requerida parece de una claridad meridiana", señaló sobre el
perjuicio a esta especie en peligro.

Doreste señala que en los
últimos años han conseguido la implicación de universidades e
investigadores. "En teoría estaban por la conservación, pero en la
práctica se mojaban poco. Ahora cada vez apoyan más los recursos
ecologistas".

Así ocurrió en el caso del alga de Granadilla, la
seba, por la que científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas CSIC han pedido al Ministerio de Fomento que paralice la
obra. El auto del tribunal canario que deja en suspenso la obra admite
que las dos partes -ecologistas y Administración- presentaron "sólidos
argumentos".

En el recurso contra la estación de esquí de San
Glorio (en la Cordillera Cantábrica, en una zona en la que vive una de
las dos únicas poblaciones de oso pardo autóctono) los ecologistas
incluyeron informes de la Universidad de León o del CSIC.

El
tribunal les dio crédito y, en abril pasado, admitió que, como señalan
los informes científicos, "es muy dudosa la viabilidad económica" de la
estación "por el cambio climático". De nuevo, el tribunal consideró que
la Junta de Castilla y León había aprobado la estación en contra de su
propia normativa.

Muchos de los abogados de los ecologistas
trabajan en su despacho de día y sacan tiempo para llevar gratis
asuntos de medio ambiente. Algunos salen al campo por afición y quieren
preservar los lugares que aman. Es el caso de Mario Gómez, un letrado
que ha llevado el caso del refugio de cigüeñas de Las Navas del Marqués
(Ávila). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la
urbanización, entre otras cosas, porque invadía una zona de cría de la
cigüeña negra, una especie en peligro de extinción.

Gómez, que
representa a la asociación Centaurea, participa en el proceso penal
para ver si hubo prevaricación en la aprobación de los 1.600 chalés y
los hoteles y el campo de golf a costa de talar 34.500 pinos maduros.
En el procedimiento está imputado el ex director general de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, entre otros
altos cargos, y, lo más relevante, 14 técnicos que en algún momento
avalaron con su firma el proyecto. Alguno de ellos lo hizo
contradiciendo sus informes previos. En la investigación de la
recalificación de La Zerrichera (Murcia), un paraje de 253 hectáreas,
en parte protegido, hay imputados dos cargos intermedios que
colaboraron en la autorización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y
un campo de golf. José María Ródenas, subdirector de Vivienda y
Urbanismo, firmó en junio de 2005 contra la recalificación pero meses
más tarde la apoyó. El último imputado en la causa (hay diez cargos en
ella) fue el ex consejero de Medio Ambiente y ex delegado del Gobierno
del PP en Murcia, Francisco Marqués.

En Palencia, un tribunal
investiga la manipulación de un informe de la Universidad de Valladolid
para construir dos presas de riego. Los informes originales, encargados
por la empresa pública Tragsatec, alertaban de que tendrían impacto en
el ecosistema pero los que aparecieron en el expediente, pese a ser
idénticos, ofrecían conclusiones distintas.

La Asociación Ríos
con Vida lo denunció al juzgado y el pasado 12 de febrero uno de los
autores del informe declaró ante el juez que, en efecto, su estudio
ofrecía conclusiones distintas sobre el "efecto barrera para la
emigración de las truchas". En el original ponía que el impacto sería
"severo y permanente". En el que selló la Junta de Castilla y León y
que sirvió para autorizar las presas figura como moderado.

A
raíz del caso de Las Navas del Marqués, algunos funcionarios se cuidan
a la hora de firmar determinados dictámenes. "Ya no aprobamos nada en
lo que haya dudas. Todo el mundo lleva mucho cuidado", explica un
miembro de la comisión de prevención ambiental de Ávila.

En la
planta submarina canaria, los técnicos de Medio Ambiente José Martín
Esquivel y Leopoldo Moro Abad no avalaron la decisión de sus superiores
de desproteger el sebadal frente al puerto. Ellos defendieron que
hacerlo no obedecía a "razones biológicas ni de conservación de la
especie". Su informe ha sido clave en la paralización de la obra.

Esto
demuestra que los técnicos empiezan a comparecer ante la justicia por
sus dictámenes y, por otra parte, que la Administración a menudo
consideró estos temas como obstáculos menores, en los que bastaba con
alterar un plano o emitir un dictamen para eludir la normativa
ambiental.

El hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería) era
legal a los ojos de la Junta de Andalucía del PSOE. Y lo era pese a
estar en un terreno protegido en un parque natural y a sólo 20 metros
del mar. Que estaba en el parque natural, el del Cabo de Gata, se veía
al pasar por allí, ya que una señal lo explicaba. Y así constaba en el
Boletín Oficial que delimitó los usos del parque.

Sin embargo,
la Junta sostuvo durante años que el terreno era urbanizable. El 11 de
marzo de 2008, en un escrito al juzgado, el jefe de gabinete de
planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación
como zona no urbanizable originalmente fue "un error" y que lo
rectificaron "por vía de hecho", cambiando los planos pero sin
publicarlo en ningún boletín oficial. El juez que ilegalizó el hotel
consideró que esa "burda maniobra" dio "apariencia de legalidad a lo
que es manifiestamente ilegal". La fiscalía se ha visto obligada a
investigar la modificación de los planos después de archivar una
denuncia similar.

Los casos son tan flagrantes que demuestran la
impunidad con la que durante años se ha retorcido la legislación
ambiental. El presunto cabecilla de la trama corrupta que ha
investigado el juez Baltasar Garzón, Francisco Correa, declara en una
de las grabaciones aportadas al sumario, al hablar de un plan
urbanístico: "Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo". Esa
frase resume el sentir de muchos de los promotores, que siempre
prefirieron los enclaves protegidos.

Fernando Jiménez, profesor
de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y experto en
corrupción, afirma que es pronto para ser rotundo, pero que comienza a
percibir "cierto hartazgo profesional" contra estas prácticas.

Por
eso Gómez, el abogado de Las Navas del Marqués, reduce el optimismo:
"Tenemos leyes de medio ambiente muy estrictas y amplias. La inmensa
mayoría son directivas europeas, que a veces son muy avanzadas. Los
jueces han tardado años en aplicarlas y ahora que empiezan a hacerlo a
veces chirría al encontrarse con una sociedad que no siempre está en
esa sintonía".

Además, sobre muchos de estos proyectos
paralizados por el impacto ambiental, sobrevuela la sombra de una
corrupción más profunda: "A veces sólo llegamos a ver el fallo en el
trámite ambiental, que ha dejado rastro, pero te queda un halo de
sospecha, debido al dinero que se mueve en estas obras", resume Gómez.

La
Reina visitó el paraje protegido de Las Médulas, en León. Allí
contempló con sorpresa cómo una enorme cantera destacaba el paisaje.
Era el 16 de septiembre de 1999. "Los romanos hicieron estas canteras
[el paraje es resultado de las explotaciones de oro romanas] y estas
son las que hacemos ahora", le explicó, azorado, un funcionario que la
acompañaba en la visita. La cantera es propiedad de la empresa Catisa,
y el pasado 27 de febrero, el juzgado aceptó la petición de la fiscalía
de paralizar cautelarmente la obra por su impacto sobre el medio
ambiente. Han pasado casi 10 años de la visita de la Reina y la empresa
sigue funcionando pese al veto judicial. Igual que la empresa de Huelva
Fertiberia sigue activa pese a tener una orden de Costas que insta a su
paralización.

La siguiente asignatura de estos abogados es hacer
cumplir las sentencias en toda su dureza, ya que la ejecución se puede
demorar durante años. El Ministerio de Medio Ambiente ha desistido de
la expropiación del Algarrobico con el argumento de que el abogado del
Estado así se lo aconsejó en noviembre pasado. Sin embargo, el
ministerio contestó al diputado de ICV, Joan Herrera, el pasado 2 de
febrero que la expropiación "se seguía tramitando". Declarar ilegal las
obras ha sido un paso complicado; tirarlas será uno de gigante.
Claves del cambio

- Las estrictas directivas europeas sobre el medio ambiente comienzan a calar en la judicatura años después de estar en vigor.

- Muchas administraciones aprobaron normas ambientales muy duras que luego no aplican.

- La creación de una fiscalía especializada en Medio Ambiente, en 2005, dinamizó la actividad en los juzgados.

- Los ecologistas se profesionalizan y llegan a los tribunales con completos informes técnicos sobre el impacto ambiental.

-
La universidad y los científicos comienzan a apoyar los recursos de las
organizaciones ambientalistas, con lo que ganan credibilidad.

-
El proceso de Las Navas del Marqués, en el que declararon como
imputados 14 técnicos, hizo que muchos funcionarios empezaran a
extremar el rigor en sus informes.

- Con frecuencia, la
Administración consideró los trámites ambientales como algo superfluo y
los eludió de forma burda, lo que ha permitido la proliferación de
sentencias contrarias.

- En muchos casos la causa ambiental es
la única forma de parar un proyecto sobre el que sobrevuela la sospecha
de la corrupción.

- Los tribunales son cada vez más proclives a frenar obras de forma cautelar, sin esperar al procedimiento.

A ver quién se le las dos parrafadas que hemos puesto Icaro y yo

Nuevas revelaciones sobre los oscuros manejos de Marques http://www.laverdad.es/murcia/20090312/region/inmobiliaria-marques-20090312.html

MILLONES SIN JUSTIFICAR EN LAS CUENTAS DE MARQUÉS http://www.laverdad.es/murcia/v/20110701/region/marques-metio-cuentas-euros-20110701.html