La Junta incumple ocho sentencias contra la ley del enchufismo

No quiere echar marcha atrás. Empeñada en su postura, la Junta de Andalucía incumple resoluciones judiciales contra la ley del enchufismo, impulsada por el presidente José Antonio Griñán, por la que 25.000 personas se convirtieron en empleados públicos al ingresar en el conglomerado de agencias públicas creadas por la Junta de Andalucía sin haber pasado ninguna prueba. Estos trabajadores vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad exigibles a todo trabajador que accede a la función pública.

Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado hasta ocho sentencias desfavorables a la Junta (como ejemplo, la de la integración de la agencia de Obra Pública) por las que se anula la integración del personal procedente de empresas públicas y fundaciones públicas, ahora integradas en agencias dependientes del organismo autonómico. El Gobierno andaluz ha recurrido en las ocho ocasiones al Tribunal Supremo.

¿Por qué el Ejecutivo socialista no ha ejecutado estas sentencias? Sostiene la Junta que estas fundaciones y empresas de las que procedían los trabajadores han desaparecido por lo que ese personal no podría volver a reintegrarse en los órganos de procedencia, “motivo por el que considera que debe hacerse cargo de ese personal conforme a la sucesión empresarial a la que se refiere el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”, según explica el abogado Mariano Aguayo, socio-presidente del despacho de letrados Mariano Aguayo, y que ha presentado los recursos en nombre de la Asociación Al-Andalus y la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública.

Sin embargo, los decretos y protocolos de integración tienen como efecto “conferir al personal integrado la condición de empleado público, sin haber superado el procedimiento correspondiente, por lo que de mantenerse dicha integración se incurre en una clara y grave contravención con lo resuelto por las numerosas sentencias dictadas por los distintos órganos jurisdiccionales”, explica este letrado a El Confidencial.

Las 25.000 personas integradas en las agencias suponen, según Aguayo, “una carga inasumible para una administración que anda en época de recortes y que no cumple con los objetivos de déficit”. El pasado jueves se conoció que el déficit la Junta de Andalucía se situó en un 2,02% del PIB, frente al objetivo del 1,5% que estableció el Gobierno Central. El PP andaluz prevé un ajuste de 140 millones de euros en las cuentas de la comunidad. El Gobierno de Griñán niega que se vayan a producir recortes.

Enchufados del PSOE y UGT

“La Junta pretende una huida adelante. Si quiere mantener ese personal en las agencias públicas, que convoquen una oposición. El problema lo han creado ellos. No es la solución que entre gente por la puerta de atrás. Los que hay son sobre todo afiliados al PSOE, gente que ha abandonado cargos públicos y de UGT”, denuncia a este diario Joaquín Pérez, presidente de CSIF en Málaga.

Pérez admite que si se despide a ese personal el desempleo subiría en una comunidad autónoma que ya cuenta con el 35% de paro. “Es cierto, pero no decimos que los echen. Si los necesitan, que organicen un proceso selectivo, para ver si lo superan o no”, apunta el representante de CSIF, tras destacar cómo los interinos que aprobaron una parte de la oposición y el personal laboral sí están sufriendo los recortes de plantilla en la Junta.

Sin duda la agencia pública que más está sufriendo este enchufismo es la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la fundación fantasma que consiguió en 2011 una subvención de 16 millones de euros cuando este organismo ya estaba extinto (en mayo de ese mismo año). Como ya publicó este diario el 10 de diciembre de 2012, sobre la Faffe siempre ha recaído la sombra del enchufismo (las 20.000 personas que forman la administración paralela de la Junta de Andalucía) y de haberse convertido en un instrumento al servicio del PSOE de Andalucía. También se les acusa de contar con una amplia capacidad para captar palmeros para los actos organizados por la Consejería de Empleo, ahora integrada en Economía e Innovación.

Joaquín Pérez critica los despidos en esta fundación de los promotores de empleo (personal laboral) y de los interinos, mientras que continúan en sus puestos de trabajo los enchufados. “Hay personas que hacen el trabajo de los funcionarios y que pueden acceder a información sensible de la base de datos con el Hermes, un programa interno de la Delegación de Empleo. Con todos los respetos, es como si un policía local no puede hacer su trabajo y ponen a un jardinero a poner multas”.

FUENTE: http://www.elconfidencial.com/espana/2013/03/03/la-junta-incumple-ocho-sentencias-contra-la-ley-del-enchufismo-116098/

Canallas.