El defensor del pueblo empieza por una punta y termina por la otra

El Defensor del Pueblo, una instiución que ahora dirige Luisa Cava de Llano, denuncia en su Informe Anual a las Cortes 2010 la situación del Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia, que, según señala, «recuerda excesivamente a instalaciones de carácter penitenciario». Aunque se muestra crítico sobre el funcionamiento del centro, recuerda que éste «cumple con los parámetros internacionalmente aceptados», pero no se resiste a dar una serie de recomendaciones para que no se parezca tanto a una ´cárcel´.

En primer lugar, considera «necesario que se extienda la videovigilancia a todas las dependencias para garantizar los derechos de internos y funcionarios, preservando el lógico derecho a la intimidad». Asimismo, aconseja que se permita a los extranjeros «el libre acceso a celdas y aseos y su uso nocturno sin necesidad de avisar al agente de custodia, que se instalen mamparas en las duchas y se reduzca el número de internos por celda».

Considera también «preciso el techado de los patios y la habilitación de servicio de lavandería», así como la existencia de un protocolo de prevención de suicidios, la contratación de un trabajador social y la ampliación del régimen de visitas para hacer menos dura la estancia de los internos.

«Igualmente sería deseable que se facilitara información escrita a los internos sobre la posibilidad de interponer ´hábeas corpus´ y que quedara constancia de que se les ha ofrecido la posibilidad de formular petición de asilo», añade el informe. Por último, el Defensor del Pueblo señala que «se ha apreciado también la conveniencia de que los exámenes médicos que se practiquen a estos internos a su llegada al centro, fundamentalmente procedentes de pateras que arriban a las costas españolas, se lleven a cabo de modo suficiente y adecuado, con presencia extraordinaria de personal sanitario en casos de llegadas masivas».

Todas estas consideraciones son fruto de la visita que una delegación del Defensor del Pueblo realizó a las instalaciones conjuntamente con asesores de la Institución adscritos a la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Esta es una de las conclusiones que la Institución recoge en su informe anual, que precisa que en 2010 se recibieron 536 quejas procedentes de la Comunidad Autónoma de Murcia, 46 más que en 2009, lo que supone el 1,58% del total de quejas gestionadas por el Defensor del Pueblo el pasado año en todo el país. La mayoría de las quejas son de carácter individual (431 de las 536 presentadas) y el resto se presentan en forma de queja colectiva (105). Resumimos aquí algunas de las quejas más destacadas de la Región por temas:
JUSTICIA

El CGPJ cree necesario crear un nuevo juzgado penal en Murcia
Después de realizar un exhaustivo estudio de la situación de cada una de las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta el cada vez más abultado número de asuntos que quedan sin resolver por falta de medios, (267.560 en 2009) recomienda la creación de cincuenta y un juzgados de lo Penal en todo el país (frente a los 326 que existen en la actualidad), uno de ellos en Murcia. El Defensor del Pueblo, asumiendo la gravedad de esta situación, «ha considerado necesario elevar una recomendación al ministerio de Justicia, en orden a proponer la creación de los juzgados que arriba se relacionan, con el fin de, al menos, suavizar la situación de pendencia en los juzgados penales y de ejecutorias».
administraciones

´Tirón de orejas´ a la consejería de Sanidad y a ayuntamientos
El informe recoge una lista de órganos y unidades de las distintas administraciones que no han dado adecuada respuesta a las solicitudes o requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo. Son administraciones que incumplen o entorpecen, por un lado, o retrasan de manera notoria, por otro, el proceso de respuesta al Defensor del Pueblo. En el primer apartado se sitúan el ayuntamiento de Las Torres de Cotillas al que se acusaba de «pasividad ante las infracciones en una urbanización», y el de Los Alcázares, acusado de impago de prestaciones a un sindicato durante los años 2006, 2007 y 2008, así como la consejería de Sanidad, a la que se solicitó, sin éxito, información sobre un conflicto laboral detectado en la sección de aparato digestivo del Hospital Santa María del Rosell.

En el apartado de las que retrasan su respuesta al Defensor del Pueblo se sitúan el ayuntamiento de Blanca, al que se requirió sobre unos vertidos de aguas residuales realizados por dos industrias químicas, y el consistorio de San Pedro del Pinatar, al que se recomendaba la supresión de las limitaciones que afectan a las autocaravanas.
sanidad

Quejas por las listas de espera en tratamientos de infertilidad
Especial mención merece el elevado número de quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo en relación con demoras en la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. En el caso de la Región de Murcia, en 2010 se contabilizaban 546 pacientes pendientes de este tipo de tratamientos, 435 de ellos con una demora entre 6 y 12 meses, una espera que, sin embargo, está por debajo de la media de otras comunidades, con periodos de demora de 12 y 18 meses y de hasta un año. A la vista de esta situación, el Defensor del Pueblo ha iniciado de oficio una investigación de carácter general ante las diferentes comunidades autónomas «centrada en la lista de espera estructural para la aplicación del primer ciclo de tratamiento mediante fecundación in vitro, aspecto sobre el que incide la mayor parte de las quejas en esta materia», según recoge el informe.
centro de menores

Destaca la creación de un ´Aula de segunda oportunidad´
El Defensor del Pueblo destaca la creación, en el Centro de Protección de Menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social de Murcia, de la denominada como ´aula de segunda oportunidad´, que permite dar una educación reglada a los internos, gracias a la contratación de un profesor. La Asociación Dianova, que gestiona el centro, impulsó este proyecto en 2010, siguiendo los consejos del propio Defensor del Pueblo en orden a lograr mejorar la atención a estos menores, y teniendo en consideración que los internos atendidos son cada vez mas jóvenes.
DEUDAS

Ayuntamientos que no pagan:
Los Alcázares y Moratalla
En capítulo de impagos, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas de ciudadanos acreedores de los ayuntamientos de Los Alcázares y Moratalla, que incumplen su obligación de pago de forma reiterada, como otros consistorios del país, «alegando, cuando contestan, problemas de tesorería».

icaro100 escribió:Pero creo que no es el murciano, es el nacional. No obstante ha hecho unas críticas más que justificadas!