Ciudadanos de Murcia y Molina demandan a Mendez y Toxo por su traición en el pensionazo

Ciudadanos de Molina de Segura y Murcia, representados por el abogado José Ríos Bravo, han presentado dos demandas en los juzgados de Murcia contra los dirigentes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, a los que considera responsables y colaboradores de lo que se ha conocido como el "pensionazo", que ha afectado a la jubilación de millones de españoles y de futuras generaciones. Las demandas, con copias en poder de esta redacción, se han visto en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Murcia, y los demandantes están a la espera de que se señale el acto de conciliación.


Los demandantes piden que los líderes sindicalista reconozcan que “en las manifestaciones, carteles, convocatorias y actos previos a la Huelga General los trabajadores-as por cuenta ajena y autónomos fuimos convocados por ellos, como sindicatos mayoritarios, a una Huelga General el día 29 de Septiembre de 2010 para manifestarnos y protestar por la reforma del mercado laboral y contra el recorte de las pensiones y alargamiento de la edad de jubilación de 67 años, además de contra la reforma del mercado laboral.

Que 93 días después de haber convocado a los trabajadores y trabajadoras a la Huelga General del 29-S contra el recorte de pensiones y contra la edad de jubilación a los 67 años, y contra la reforma del mercado laboral, esos mismos dirigentes sindicales firmaron el mencionado Acuerdo Social y Económico, en concreto, el día 2-2-11, por el que se recortan las pensiones de todos los españoles en más de 20 % y se alarga la edad de jubilación a los 67 años para otra gran parte de los españoles, contradiciendo su propia convocatoria de huelga general y realizando un engaño masivo a todos los trabajadores-as.

Que CC.OO. reconozca que el acuerdo de recorte de pensiones firmado por los dirigentes sindicales es nulo de pleno derecho porque no ha respetado sus principios de democracia interna y de sindicato asambleario, reconocidos en sus propios Estatutos, y en consecuencia, no ha permitido la votación democrática del citado Acuerdo en las Asambleas de las Federaciones Territoriales.

Que manifiesten su conformidad en abonar a los que suscriben la cantidad de 56,66 euros por el día de inasistencia al trabajo en la fecha de 29 de Septiembre de 2010 (Huelga General), y otros perjuicios antes enumerados.

El argumentario de los demandantes destaca:

PRIMERO.- En fecha de 2-2-11 el Gobierno y los secretarios generales de los sindicatos demandados firmaron el Acuerdo Social y Económico por el que se recortan las pensiones de todos los españoles en más de 20 % y se alarga la edad de jubilación a los 67 años, para otra gran parte de los ciudadanos y ciudadanas. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, firmaron, entre otros, el citado Acuerdo en en el Palacio de la Moncloa.

Los recortes y perjuicios que provocan este Acuerdo suponen que una gran parte de los trabajadores tendrán que esperarse a los 67 años para poder tener derecho a una jubilación con el 100% de su pensión; asimismo, se aumenta el periodo de cálculo de base reguladora de 15 a 25 años, lo que supone un recorte drástico en la cuantía de la pensión futura de los ciudadanos y ciudadanas españolas, incluidos los afiliados y afiliadas de los propios sindicatos cuyos dirigentes firmaron un acuerdo en contra de los intereses de sus propios afiliados y afiliadas, sin que por otra parte, hayan realizado votaciones democráticas en las Federaciones Territoriales y en Asambleas de afiliados-as para consultar si se aceptaba el mismo; omisión realizada por el fundado temor de los dirigentes sindicales de perder las votaciones internas en sus propios sindicatos, y vulnerando los principios recogidos en sus propios Estatutos internos de funcionamiento democrático y Asambleario (Veasé Preámbulo de los Estatutos de CC.OO).

Los ciudadanos y ciudadanas se muestran mayoritariamente críticos con el Acuerdo Social y Económico suscrito por el Gobierno y los agentes sociales. Una semana después de la firma de este compromiso, el 47,8% de los españoles asegura estar en desacuerdo con el Pacto Social, frente al 30,2% que se manifiesta de acuerdo, según refleja el Publiscopio sobre el pacto, elaborado a partir de 1.200 entrevistas realizadas entre el 7 y el 10 de febrero.

En el SONDEO DE METROSCOPIA se expresa: “El acuerdo social no logra el apoyo de la mayoría ciudadana. El 76% rechaza que se amplíe la edad de jubilación - El 51% considera que la firma del acuerdo es una mala noticia. Madrid - 06/02/2011”.

La contradicción entre lo que se propugnó en la Huelga General del 29-Septiembre de 2010 y el Acuerdo de recorte de pensiones por los sindicatos demandados es obvio y evidente, así consta en numerosas pruebas documentales, carteles, videos, declaraciones de sus secretarios generales, etc.: Miles de personas se han manifestado en 39 ciudades españolas para protestar contra la intención del Gobierno de elevar la edad de jubilación a 67 años en el marco de la reforma de pensiones que aprobará el próximo 28 de enero. La principal manifestación tuvo lugar en Madrid, donde cerca de 15.000 personas salieron a la calle encabezadas por los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez

SEGUNDO.- Que los trabajadores-as por cuenta ajena y autónomos firmantes de esta demanda fuimos convocados a una Huelga General el día 29 de Septiembre de 2010por los Secretarios Generales de los sindicatos demandados y por estos mismos sindicatos de la Región de Murcia para manifestarnos y protestar por la reforma del mercado laboral y contra el recorte de las pensiones y alargamiento de la edad de jubilación de 67 años.

Tras la celebración de la huelga general citada, a la que asistimos los firmantes y realizamos el paro general en nuestra actividad laboral y profesional, las empresas nos descontaron en el recibo de salario los emolumentos referidos al día de huelga; los autónomos al no trabajar el citado día perdimos los ingresos de esa fecha provenientes de nuestra actividad.

Sin embargo, ante nuestra estupefacción, meses después de la huelga general, el día 2-2-11 los mismos dirigentes sindicales que nos habían llamado al citado paro general contra el recorte de las pensiones (dada su fuerza de convocatoria por ser sindicatos mayoritarios), firmaron el mencionado Acuerdo Social y Económico por el que se recortan las pensiones de todos los españoles en más de 20 % y se alarga la edad de jubilación a los 67 años para otra gran parte de los españoles.

Como la mayoría de los trabajadores y autónomos del Estado nos sentimos engañados; los dirigentes sindicales nos habían hecho realizar una huelga para después firmar contra la propia huelga que ellos mismos habían convocado. Esta esquizofrenia política y jurídica no tiene parangón en la historia del movimiento sindical español.

En consecuencia, dado que los representantes y dirigentes de esos sindicatos han roto el pacto y compromiso tácito por el que se hizo la huelga general con los trabajadores y trabajadoras del Estados, y también con los firmantes de este acuerdo, consideramos que nos han causado unos daños y perjuicios referidos a perder unos ingresos salariales como trabajadores por cuenta ajena el día que hicimos la huelga general, o de ingresos para los que somos trabajadores autómos, ya que nos convocaron a una huelga general contra unos recortes de pensiones y alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años, que ellos mismos 93 días después han contribuido de forma esencial a que se convierta en norma legal.

En consecuencia, los daños y perjuicios sufridos por los demandantes se interesa que se cuantifiquen de forma objetiva conforme a la Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2010 el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que establece la cantidad de 56,66 euros por cada día de inasistencia al trabajo.

Esta cantidad será donada por cada uno de los firmantes a la ONG que colectivamente decidan. Debe considerarse que la citada cantidad no sólo se interesa para abonar los daños y perjuicios de la inexistencia de ingresos el citado día de la huelga, sino que también debe indemnizar el daño y perjuicio de asistir a las manifestaciones convocadas por dichos sindicatos para protestar por el recorte de las pensiones el citado día o días anteriores, así como la participación de muchos de los firmantes durante varias horas nocturnas y diurnas en piquetes informativos para ampliar la convocatoria y resonancia de dicha huelga general.

Subsidiariamente, si no existe avenencia en la demanda que se interpondrá, se interesará que se estime como daños y perjuicios al menos el 50 % de la citada cantidad de 56,66 euros por haber existido también como motivo para la huelga general citada la protesta contra la regresiva reforma laboral del Gobierno del PSOE, o en su caso, que se estime como daños y perjuicios la cantidad expresada en cada recibo de salario de los firmantes que le ha sido descontada por la empresa, o en su caso, respecto de los autónomos, el ingreso diario conforme a los ingresos anuales divididos entre 365 días.

TERCERO.- - Según un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS, el primero que se hizo después de cerrarse el acuerdo social, el 51% considera que el pacto es una mala noticia. Cada una de las medidas que contiene el pacto son rechazadas por los ciudadanos, salvo dos que no suponen recorte: el cómputo de nueve meses de cotización en caso de excedencia laboral para el cuidado de un hijo y la contabilización como periodo cotizado de las prácticas de posgrado. La más rechazada es la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, que es vista de forma negativa por hasta el 76% de los españoles. Y el 70% está en contra de que para jubilarse a los 65 años sea preciso haber cotizado 38 años y medio. Incluso, hay una crítica expresa a la actuación de todas las partes que han participado en el acuerdo social. La actuación de los sindicatos es puntuada con un 3,8 (en una escala de 0 a 10)”

El desacuerdo ciudadano contra el recorte de las pensiones es tan profundo que hasta se ha creado un movimiento social universitario denominado “Universidad contra el pensionazo”, que ha expresado lo siguiente:

“Los/as miembros de la comunidad universitaria firmantes de este escrito queremos denunciar la grave situación que atravesamos en las universidades públicas y que las últimas medidas gubernamentales no hacen sino empeorar. La Huelga General del 29 de Septiembre de 2010 abrió un rayo de optimismo para luchar colectivamente frente a este deprimente panorama, pero el Pacto Social al que han llegado en enero de 2011 el Gobierno central (PSOE), las organizaciones empresariales CEOE-CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT, constituye un ataque más a los derechos y condiciones económicas de la mayoría: ¡nos obligan a trabajar más años para tener derecho a una pensión de jubilación y a que ésta sea más escuálida! En concreto: * Se retrasa la edad legal de jubilación al alargarse la vida laboral hasta los 67 años (antes era hasta los 65 años).
* Se endurece el acceso a la pensión máxima: hay que cotizar 37 años para cobrar el 100% (antes bastaba con 35 años).
* Sólo se podrán jubilar a los 65 años con el 100% quienes hayan cotizado 38,5 años (antes, 35 años).
* Se retrasa la posibilidad de la jubilación anticipada voluntaria hasta los 63 años (antes, 61) y se aumenta la penalización.
* Se recorta la renta media de la pensión, aumentando de 15 a 25 años (de forma progresiva) el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión.
* Se endurece la jubilación parcial hasta casi impedirla.El Pensionazo es la última de las más duras agresiones que hemos sufrido todas y todos los trabajadores.

Millones de personas no podrán ni siquiera llegar a cotizar el mínimo de años necesarios para cobrar una pensión debido a la temporalidad, al desempleo y al incremento continuado de los años de formación. Se cobrará menos y aparecerán, por lo tanto, más bolsas de pobreza entre la población anciana, afectando especialmente a las mujeres que siguen ejerciendo mayoritariamente los trabajos de cuidado no remunerados de todas las personas dependientes y los de reproducción de los hogares en general.

Asimismo, una gran parte de intelectuales de izquierdas han denunciado públicamente la actuación de los dirigentes sindicales contraria a los intereses de las personas que dicen defender, destacando entre ellos Julio Anguita, que ha hecho público un comunicado en el que denuncia a CC.OO. y UGT, con el siguiente literal:

“Recordemos que el ex líder de IU Julio Anguita ya había acusado a los sindicatos, especialmente a CC.OO. y UGT, de ser "un apéndice del Estado" y de constituir una "cadena de transmisión" de las políticas que han llevado a cabo los distintos gobiernos. Ahora, una vez más, Anguita ha denunciado la traición de los sindicatos a sus bases y los ha acusado de haberse incorporado al Estado, refiriéndose a que, a cambio de dinero y privilegios, secundan las políticas del gobierno de turno, anteponiéndolas a los intereses de los trabajadores a los que dicen defender. Anguita ha dado en la diana, quizás porque ahora tiene la edad y la independencia suficiente para decir la verdad, sin tener que someterla, como en el pasado, a los intereses propios y de su partido. Los sindicatos han vendido su independencia, su libertad y hasta el sentido de su existencia, que es la defensa de los trabajadores, y se han sometido al gobierno a cambio de dinero abundante y de privilegios, lo que constituye una traición en toda regla. Considerar a los sindicatos, patronal y partidos políticos parte de la sociedad civil es una falacia en España porque realmente forman parte del Estado. Tanto los sindicatos como la patronal y los partidos políticos deberían financiarse exclusivamente con las cuotas de sus miembros, una medida imprescindible para regenerar la podrida democracia española.Los sindicatos en España son puras "correas de transmisión" del poder de unas élites políticas privilegiadas y alienadas, apalancadas en los partidos políticos y dueñas del Estado. No son los únicos casos en los que Anguita ha hablado claro sobre el amarillismo sindical. En 2005 Anguita había dicho públicamente que CC.OO. y UGT estaban "dentro del aparato del Estado", y hace unos pocos meses había declarado que los sindicatos mayoritarios "se pusieron ellos mismos el dogal".Esta valiente y digna actitud contrasta con la de los actuales líderes de PCE-IU, que incluso ahora se niegan a denunciar la traición de los burócratas sindicales.

Incluso intelectuales de izquierda extranjeros han criticado el engaño público de los dirigentes de estas centrales mayoritarias, así Warren Buffet ha expresado literalmente:

“Tenía pendiente dar mi opinión sobre el Acuerdo Social y Económico entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, así que lo hago a continuación ya que el debate es rico, no debe eludirse el posicionarse, y por supuesto debe servir para clarificar en primer lugar el acuerdo y determinar perspectivas de futuro partiendo de un análisis materialista, de clase.La privatización de las pensiones en la lógica del capitalismo actual.

En definitiva, este es el nudo gordiano de la reforma de las pensiones. No la garantía del sistema público de pensiones como afirman mintiendo el Gobierno y la patronal. Pero en mi opinión, para hablar más en concreto de la reforma en España hay que hablar de la situación precedente, la cual se debe fundamentar en que ya España estaba y está a la cola de la media de la Unión Europea (UE) en materia de gasto y protección social. En mi opinión se debe partir de los siguientes datos:

1. La pensión media contributiva en España es el 68% de la pensión media contributiva de la Unión Europea de 15 países (UE-15), y la no contributiva el 46%.

2. El gasto público en pensiones en el año 2007 (Último dato disponible) está 3 puntos por debajo (9% del PIB) del promedio de la UE-15 (12%). Países como Francia gasta el 13,3% del PIB.

3. El gasto público en protección social es el 7% inferior a la media de la UE-15, lo que equivale alrededor de 70.000 millones de euros al año.

4. El fondo de reserva de la Seguridad Social tiene un superávit de 62.500 millones. Incluso en el año 2010, con entre cuatro millones y medio y cinco millones de parados reales ha habido superávit. En Francia, por ejemplo, ni se dispone de un fondo de este tipo. Por otra parte, la viabilidad del sistema tal y como está en la actualidad está garantizado por lo menos hasta el año 2029, lo que evidencia que las intenciones de la reforma van en el sentido descrito en este artículo y no el que declaran sus impulsores. Y en cualquier caso las reformas necesarias son en el sentido contrario, y más en la crisis sistémica que vivimos que va a cambiar en gran medida el mapa social de Europa en el sentido negativo.

5. Desde 1995 el PIB español se ha multiplicado 2,3 veces (Lo que, por cierto, anula los argumentos relativos al envejecimiento de la población, porque excluyen la productividad -Por ejemplo un 2% de la población produce hoy 10 veces más alimentos que el 18% hace cincuenta años-, el que mientras por ejemplo en los países nórdicos el porcentaje de la población activa es del 72% en España es del 52%, eliminan la posibilidad de una fiscalidad progresiva, etcétera.) mientras que el gasto en pensiones o no ha crecido o incluso ha descendido un punto porcentual.

6. El 71,75% de los pensionistas tienen pensiones por debajo de los 1000 euros, y el 58% por debajo de los 600 euros. Datos que evidencian el grado de precariedad y precarización de nuestro sistema de pensiones. Simplemente elevar a 650 euros mensuales la pensión a los cuatro millones y medio de pensionistas que cobran por debajo de dicha cantidad supondría un gasto anual de poco más de 6.000 millones de euros, que por cierto es una cantidad similar a la que recibe del Estado la Iglesia entre exenciones fiscales, dinero de los fondos públicos, etc. Gastando la proporción del PIB que gastan países como Italia o Francia se podrían elevar de media las pensiones en alrededor de 500 euros mensuales.

Los datos anteriores ilustran la precariedad de nuestro sistema de pensiones, que en definitiva es una política de clase, porque los que se ven afectados son los asalariados fundamentalmente, que en su inmensa mayoría no tienen otro sistema de tener unas pensiones dignas que a través del sistema público, especialmente si tenemos en cuenta la precariedad de nuestro mercado laboral, la precariedad de los sueldos, la falta de protección laboral.


Todo esto es, en definitiva el mayor ataque a los asalariados desde la Transición del régimen franquista a nuestro actual modelo de democracia capitalista. Todo esto en definitiva supondrá un “ahorro” de 40.000 millones de euros según refleja la memoria económica del anteproyecto de Ley. Curiosamente la misma cantidad que figuraba en el documento enviado a Bruselas en enero del año 2010.

En definitiva el 29 de Septiembre y el 2 de febrero son fechas antagónicas en términos políticos. Y lo grave es que el 2 de febrero ha barrido el 29 de septiembre. CC.OO y UGT han echado por la borda todo ese trabajo realizado por las bases de la izquierda política, sindical y social de este país, un trabajo que dio sus frutos en una huelga general que, teniendo en cuenta la inacción de tantos años y la ofensiva política y social de la derecha -al margen de siglas- contra el sindicalismo y la movilización social, resultó exitosa. Exitosa no en el sentido de que fue una movilización tan potente que fuese capaz de hacer recular al Gobierno y retirar su agresiva reforma laboral contra los trabajadores, pero sí desde un punto de vista de clase en el sentido de que era la primera piedra para iniciar un ciclo de movilización y resistencia capaz de construir una alternativa social a la crisis y frente a las políticas neoliberales desde las que los poderes hegemónicos pretenden salir de ésta a través de las políticas de los partidos socialista y popular europeo fundamentalmente. Frente a esto los poderes hegemónicos intentan trasladar todos los capitales posibles del tercer mundo al primer mundo, y de la periferia del primer mundo -países como España- a los países centrales del norte capitalista (EE.UU, Alemania, Francia, etc.), todo ello con el objetivo de verse lo menos dañados posible e iniciar un nuevo proceso de acumulación de capital explotando mejor los mercados por la vía de reducir los salarios, privatizar los servicios públicos, reducir a la mínima la protección social y laboral, etc. Ambas posiciones conjugan lo que históricamente se ha llamado la lucha de clases.”

TERCERO.-. Meses antes de firmar el recorte de las pensiones, los secretarios generales de los sindicatos aquí demandados, expresaron literalmente lo siguiente, a varios medios de comunicación, tras la celebración de una manifestación, sobre el recorte de las pensiones:

“Tras estas intervenciones, tomaron la palabra los líderes nacionales de ambos sindicatos mayoritarios, momento en el que empezaron a caer unas gotas de lluvia que, sin embargo, no llegaron a deslucir el acto.

-Ignacio Fernández Toxo: “Para el acuerdo, estamos dispuestos; para las tropelías nos van a tener enfrente”

El dirigente confederal de CCOO comenzó recordando que en 60 ciudades de todo el Estado miles de personas dicen no a las reformas regresivas de la Seguridad Social, las pensiones y el mercado laboral.

Criticó igualmente, con dureza, al presidente del Gobierno, por sus propuestas de reforma que van en la línea opuesta al Pacto de Toledo, acuerdo que garantizaba un Sistema publico de pensiones de los más avanzados de Europa y que, según él, está garantizado hoy por la existencia de 62.000 millones de euros en el Fondo de Reserva, por lo que se preguntó: “¿Dónde está la quiebra de la Seguridad Social?”.

Toxo emplazó al Gobierno a cumplir sus compromisos de 2006 en lo relativo a la integración del Régimen Especial Agrario en la Seguridad Social. Y respecto de la polémica suscitada con el retraso de la edad de jubilación, exigió, por el contrario, que en España se anticipe ésta para personas que desempeñan trabajos penosos. Concluyó su intervención advirtiendo que “para el acuerdo, estamos dispuestos; para las tropelías, nos van a tener enfrente”.

-Cándido Méndez: “No es de recibo que los sacrificios los hagamos siempre los mismos”

El secretario general de UGT hizo alusión a que en la Región de Murcia ha quebrado el ciclo de la especulación por lo que, dijo, “del frenesí económico se ha pasado al hundimiento económico”, situándose ahora nuestra Región en el “furgón de cola”. Pasó, a continuación, a definir las propuestas gubernamentales sobre el Servicio público de pensiones como un ataque a uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, preguntándose por qué el Gobierno genera esta incertidumbre sólo para contentar a los mercados financieros; un Gobierno que, además, se equivocó con la deducción de los 420 euros y se equivoca ahora al eliminarla.

Pasó a continuación a calificar de injusta y desproporcionada la medida de alargar la edad laboral hasta los 67 años, pues el Servicio público de pensiones (SPP) es lo más solvente de la economía española y, sin embargo, el gasto en pensiones español se sitúa por debajo de la media europea.

Se refirió al estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que vaticinaba, en 1995, que el SPP quebraría en el año 2000, afirmación errónea por cuanto en ese año hubo superávit. Lo que se está dilucidando, en opinión de Méndez, es “abrir el camino al sistema privado de pensiones”.

Respecto de este asunto, Méndez afirmó literalmente: “Ya está bien que los sacrificios los hagamos siempre los mismos”.”

Por otra parte, se han vulnerado los principios de democracia interna y carácter asambleario del sindicato que reconocen los sindicatos, al no haber permitido una votación democrática de sus afiliados y afiliadas sobre el recorte de las pensiones.

La demanda ha correspondido al Juzgado de Primera Instancia número 5. A la espera de que se dictamine el día y hora para el acto de conciliación.