El mayor sindicato policial se solidariza con las protestas de los indignados y afirma que la delegada del gobierno de Madrid les ha obligado a incumplir la ley

La policía también está indignada con los políticos. En concreto, con la delegada del Gobierno de Madrid, María Dolores Carrión (PSOE), de la que han recibido instrucciones para el desalojo de ayer de los miembros del Movimiento 15-M acampados en la Puerta del Sol y en el Paseo del Prado de la capital. Las órdenes fueron tres: que no se produjeran detenciones, que no se empleara material antidisturbios y que por todos los medios se impidiera a los acampados volver a Sol. Por eso, han manifestado su "solidaridad con los verdaderos indignados, porque tienen razón en sus protestas", y piden comprensión con su "a veces ingrata labor".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su malestar por estas peticiones. Consideran que Carrión les exige que incumplan la ley, al pedirles que si alguien comete un delito, no le detengan. Y se preguntan también si "los policías pueden ser agredidos y tienen que soportarlo estoicamente sin poder usar medios a su alcance". En un comunicado, denuncian que estas instrucciones "además de ser patéticas son ilegales" y subrayan que la delegada "debe ser la primera en cumplir la ley, a no ser que estemos peor que en tiempos de Franco".

"Por muy delegada del Gobierno que sea, no puede pedir que se incumpla la ley", incide José María Benito, portavoz del SUP. Ayer se produjeron, sin embargo, dos detenciones, en contra de lo dictado desde la Delegación. "No quedó más remedio", explica Benito, pero añade que "muchos policías, para no tener problemas" las evitaron. La delegada, en todo caso, no les ha reprochado estas dos intervenciones, reconoce.

Benito se queja de que "al final siempre sale a relucir la policía, ya sea por inacción, como han criticado el PP o los comerciantes de la zona, o por ser demasiado contundentes". Sobre la segunda de las órdenes recibidas, el uso de material antidisturbios, reconoce que hasta el momento no ha sido preciso utilizarlo, porque los manifestantes son pacíficos. "Pero puede llegar un momento en que sí sea necesario", subraya.

El portavoz supone que con estas disposiciones "la delegada no quiere tener ningún problema de orden social o público, y carga todo el peso sobre la policía". 

"Algunos indignados se han quejado de la violencia ejercida durante el desalojo", se lamenta. Ellos también tienen quejas. Los agentes "llevan muchas horas, muchos días [trabajando], y nadie dice absolutamente nada. Algunos funcionarios han tenido que interrumpir sus vacaciones y han tenido que volver para trabajar", explica Benito. Los policías antidisturbios que están hoy en Sol -entre 250 y 300, algunos venidos desde otras partes de España- son los mismos que estaban ayer. Actuaron de cinco de la tarde a cinco de la madrugada, descansaron tres horas y a las ocho estaban de vuelta. No saben cuánto durará esta situación, además, porque están pendientes del dispositivo que se desplegará entre los días 16 y 21 de este mes para la Jornada Mundial de la Juventud y la próxima visita del Papa.

Preguntado por la ausencia de placa con número de identificación de los agentes antidisturbios desplegados ayer, Benito confirma que están obligados a portarla y que ayer ninguno llevaba la suya. "No sabemos de quien partió [la orden de no ponérselas]. Si alguien tiene que dar instrucciones son los jefes policiales", apunta.

Los policías piden "comprensión" a los indignados, y que "dirijan sus críticas a los verdaderos responsables, los políticos". Son ellos los que les han ordenado no actuar, antes, y ser contundentes ahora.