EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO DECLARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA VIOLÓ EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE LE RECLAMARON ADHERIRSE AL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Sucedió que el 16 de junio un grupo de ciudadanos pertenecientes al Movimiento 15M, en ejercicio del derecho fundamental de petición (ART. 29 DE LA CONSTITUCIÓN), solicitaron al alcalde de Murcia y presidente de la Comisión de Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias, Miguel Ángel Cámara, que el ayuntamiento se sumase al Código de Buen Gobierno aprobado en su día por la Federación en la que, paradójicamente, Cámara ocupa un cargo de importancia. Dicho Código contiene unas obligaciones en materia de transparencia del ayuntamiento y participación ciudadana bastante lights, pero por lo visto eran demasiado subversivas para Cámara. Y fue por ello que Cámara no sólo no se adhirió al pacto, sino que VIOLANDO LA CONSTITUCIÓN Y DESPRECIANDO A LOS VECINOS DE MURCIA, NI SE DIGNÓ A CONTESTAR A LA PETICIÓN...pese a que la Ley Orgánica que regula el derecho fundamental de petición obliga a CONTESTAR EXPRESAMENTE en un plazo máximo de TRES MESES.

Habiendo transcurrido con creces dicho plazo, los ciudadanos acudieron a los tribunales para que obligasen al alcalde a responderles por lo menos...y el alcalde, después de que le llegase la notificación del recurso interpuesto ante el juez (el único lenguaje que entiende), respondió a la petición formulada en junio aprisa y corriendo (en su contestación se limitaba a decir que el espíritu del Código de Buen Gobierno ya se halla en los reglamentos municipales y no hace falta adoptarlo expresamente...por lo visto no se lo ha leído) y claramente fuera del plazo legalmente establecido, con el fin de que el proceso quedase en nada. Pero los demandantes siguieron adelante y hoy tenemos esta resolución judicial donde, textualmente, el juez dice que "ES EVIDENTE QUE, EN EL CASO QUE NOS OCUPA, SE HA INFRINGIDO EL DERECHO DE PETICIÓN, PUESTO QUE EL AYUNTAMIENTO NI SIQUIERA ACUSA RECIBO DEL ESCRITO, NI DA RESPUESTA AL MISMO, AUNQUE ESTA NO FUERA LA DESEADA, NI ESPERADA" (pág 3). Así, declarando el juzgado que el ayuntamiento violó la Constitución y los principios más básicos de transparencia y respeto al ciudadano, concluye el proceso evidenciando el desprecio del alcalde hacia sus electores, que una vez meten la papeleta en la urna son para él simple ganado. Aquí tenéis la resolución.

La Constitución consagra una serie de derechos considerados especialmente básicos, inherentes a la dignidad humana y al propio sistema democrático: los fundamentales. Violarlos implica incumplir la propia Constitución, aparte de manifestar el más absoluto desprecio por los ciudadanos. Entre estos derechos fundamentales se encuentra el de petición, recogido en el artículo 29 de la Constitución, y que obliga a cualquier autoridad política a responder a las peticiones que le planteen los ciudadanos en un plazo máximo de tres meses, aceptando o rechazando lo que se le pide, pero motivando siempre el por qué de su decisión. La no contestación en el plazo citado conlleva, según ha declarado el Tribunal Constitucional, una vulneración del citado derecho fundamental.

El pasado 16 de junio, el Movimiento 15M presentó ante el ayuntamiento de Murcia un escrito de petición en el que le reclamaba que se adhiriese al Código de Buen Gobierno promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que, paradójicamente, el alcalde Cámara ostenta la presidencia de su comisión de Financiación. Este Código no es ningún documento revolucionario, simplemente recoge una serie de medidas y obligaciones sobre transparencia de la gestión municipal y participación ciudadana, como la instauración de presupuestos participativos mediante los cuales los ciudadanos puedan expresar en primera persona cuáles son los proyectos en que desean que se gaste al menos una parte del presupuesto municipal. Pues bien, el ayuntamiento de Murcia se negó a responder a la petición planteada pese a que la Constitución le obligaba a ello y la dificultad del deber era ciertamente reducida (escribir en un documento si aceptaba o no el Código y argumentar por qué). Llegado noviembre (transcurridos cinco meses) el alcalde no se había dignado pronunciarse.

Ante esto, acudimos a los tribunales para hacer valer nuestro derecho y, milagrosamente, la notificación de la apertura del proceso logró que el alcalde recuperase la voz. En tiempo récord hizo lo que no había podido realizar en los cinco meses precedentes: contestarnos (el 26 de noviembre), aunque su respuesta fue más que deficiente. Tan sólo nos decía que, aunque no asumiera expresamente el Código, éste ya inspiraba la normativa del Ayuntamiento (por eso tenemos presupuestos participativos, sueldos austeros para los concejales y tanta transparencia, pero curiosamente ningún murciano se ha enterado), lo cual nos hizo dudar de que el alcalde se haya leído el citado Código. Su maniobra estaba clara: sabía que había violado la Constitución y no quería que tal escándalo apareciese en una sentencia judicial, por lo que intentaba desactivar el proceso con esta contestación.

Pero, dado que la no respuesta en el plazo de tres meses implica una violación del derecho de petición, y dado que su respuesta era tan falaz como esquiva (vamos, que quería lavarse las manos), seguimos adelante y obtuvimos una resolución judicial donde, expresamente, el juez declara que el Ayuntamiento violó la Constitución y uno de los derechos fundamentales que sostienen la noción más básica de transparencia. De la resolución judicial, destacaremos la siguiente parte: «Es evidente que, en el caso que nos ocupa, se ha infringido el derecho de petición, puesto que el Ayuntamiento ni siquiera acusa recibo del escrito ni da respuesta al mismo, aunque ésta no fuera la deseada, ni esperada». La violación del plazo implicó la violación del derecho fundamental y de la propia Constitución, con un silencio que habría sido eterno si no hubiésemos acudido a los tribunales.

De lo sucedido podemos sacar dos conclusiones: en primer lugar, el infinito desprecio del alcalde de Murcia hacia los ciudadanos, desprecio que le lleva a ignorar sus derechos más básicos incluso cuando su satisfacción le supone un esfuerzo tan nimio como el de contestar a una petición escrita. Aunque, claro, dado lo kafkiano de su respuesta, podemos entender que no quisiese darla, inspirado por el sentido del ridículo. En segundo lugar, hemos visto una vez más como todos los males de Murcia están interrelacionados: la transparencia, la justicia social, la inversión del dinero público en los intereses de la gente y no en los privilegios del político... son manifestaciones de una misma idea: el respeto al ciudadano como titular de la soberanía y protagonista de la política. Si un alcalde no se digna contestar a las demandas de sus electores, tampoco invertirá el dinero de sus impuestos en los servicios públicos de los que depende el bienestar colectivo, ni recaudará donde debe (en los bolsillos de grandes empresarios y clases altas) ni recortará donde es preciso (en su sueldo y dietas), ni establecerá vías de democracia participativa para que la ciudadanía decida sobre los asuntos que le atañen.

Porque para ese alcalde sus vecinos no son más que borregos a los que esquilar el día de las elecciones municipales. La única forma de ponerlo en su sitio es usar todos los medios a nuestro alcance, desde los tribunales a las movilizaciones, para defender los derechos de los murcianos. Y en ello estamos, y para esto es vital que tú, lector, te animes a pelear codo con codo junto a tus vecinos por el respeto y el protagonismo social que todos merecemos.

FUENTE: http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/01/06/politicos-justicia-derechos-ciudadanos/376230.html

El artículo sobre este asunto que cito en el post de arriba, fue el más votado por los lectores de La Opinión ayer!