Tres condenados por el 'caso Blasco' manejan aún fondos públicos

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Tres condenados por el 'caso Blasco' manejan aún fondos públicos

Mensaje por icaro100 el Dom Jun 15, 2014 11:30 am

Gestionan gastos, claves de seguridad y tramitan expedientes patrimoniales.

Suman más de 20 años de inhabilitación por prevaricación o malversación de caudales.

Sanjuan cobra el sueldo de un nivel 30 por haber estado al lado de Blasco.

Rafael Blasco ya no está ni tan siquiera en las Cortes Valencianas, pero la banda con la que se convirtió en "exponente de la corrupción política" (cita literal de la sentencia del TSJ) continúa manejando fondos públicos, revisando expedientes y gestionando contratos del Consell. Tres de los condenados por 'pervertir' el presupuesto de la Generalitat que tendría que haber llegado a Nicaragua para proyectos de Cooperación continúan en puestos de responsabilidad en la administración, pese a la firmeza y la ejemplaridad de la que ha presumido siempre el gobierno de Fabra con quienes traspasan sus famosas líneas rojas.

Los condenados, que aún cobran y manejan recursos públicos, son Tina Sanjuan, ex secretaria general administrativa de la Conselleria en tiempos de Blasco; Marc Llinares, ex jefe del área de Solidaridad; y el ex jefe de gabinete de Blasco, Javier Llopis. En la última guía del personal de la administración también figura José María Felip, ex director general de la extinta Conselleria de Solidaridad.

Al menos hasta este viernes todos estuvieron en sus despachos trabajando para varias consellerias de la Generalitat. Ni la Fiscalía ni el resto de acusaciones -incluida la abogacía de la Generalitat- han pedido que se les aparte cautelarmente de sus funciones hasta que el Supremo resuelva los recursos pese a que acumulan penas que suman más de 20 años de inhabilitación absoluta por corrupción.

El tribunal, presidido por Pilar de la Oliva, les condenó por el trato de favor al empresario Augusto César Tauroni y a la Fundación Cyes, a la que la Conselleria de Cooperación adjudicó en tiempos de Blasco 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que sólo 43.000 euros llegaron a su destino. El resto se invirtió en comprar pisos y garajes en Valencia.

De los funcionarios condenados que siguen cobrando del erario público, Tina Sanjuan es quien más penas acumula: siete años de cárcel y 17 y medio de inhabilitación por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad. Actualmente trabaja al frente del Servicio General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura y Educación, aunque orgánicamente depende de la subdirección general de Régimen Económico. Este viernes completó su jornada laboral como un día más y fue retratada por EL MUNDO al abandonar la Conselleria pasadas las dos de la tarde.

Pese a estar condenada por malversación, entre las funciones de Sanjuan está la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial del departamento, la tramitación de los expedientes de indemnización especial por los gastos extraordinarios que impliquen determinadas comisiones de servicio. También la tramitación de expedientes de adquisición, arrendamiento, cesión de inmuebles a favor de la Conselleria.

La condenada Sanjuan tiene consolidado el máximo nivel administrativo en la Generalitat, el 30, después de haber pasado por el puesto de Secretaria General Administrativa, de libre designación, en todas las consellerias por las que ha pasado Rafael Blasco. Esta situación implica que cobra las retribuciones de un nivel 30, aunque el nivel del puesto que ocupa hoy en día es notablemente más bajo.

Marc Llinares, condenado a cuatro años y medio de cárcel y 11 de inhabilitación y al pago de 6.750 euros de multa por cooperación en prevaricación administrativa y falsedad, trabaja en el complejo administrativo 9 d'Octubre. En concreto, mantiene su puesto en el Servicio de Administración Electrónica de la Conselleria de Hacienda.

Entre sus funciones destaca la aplicación de las medidas que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad y seguridad en las relaciones con las demás administraciones y con los ciudadanos por medios electrónicos, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y con el Esquema Nacional de Seguridad, incluyendo las herramientas tecnológicas necesarias y en coordinación con el Servicio de Planificación y Calidad, y con el Servicio de Seguridad. Es decir, un condenado por falsedad documental tiene acceso a expedientes de administración electrónica implantando medidas de seguridad.

Su nombre, además, figura en otras investigaciones en las que también aparece Blasco: Fiscalía investiga si se amañó la adjudicación de la gestión de Abucasis de Sanidad cuando Blasco la dirigía, un contrato valorado en más de 6 millones de euros. Las primeras diligencias apuntan que el concurso de Abucasis pudo ser troceado y adjudicado sin publicidad para que se lo quedara una empresa ligada a otro condenado, Tauroni.

Xavier Llopis, condenado a tres años y dos de inhabilitación por falsedad documental, sigue con despacho en la Conselleria de Presidencia. Le corresponde la revisión de la autorización de las publicaciones del fondo editorial público. Era jefe de gabinete de Blasco cuando éste malversó las ayudas.

FUENTE EL MUNDO
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