Un estudio demuestra que la Administración Pública oculta datos de forma sistemática

"Es desaconsejable entregar esa información”, “ese dato no está previsto por ley”, “no damos información sobre contratos en vigor”... Estos son sólo algunos ejemplos, o mejor algunas excusas empleadas por la Administración para negar información a los ciudadanos. En el 35 por ciento de los casos, las entidades públicas ni siquiera contestan. Simplemente dan la callada por respuesta. Silencio administrativo se llama la argucia en términos legales. Si cualquier persona quiere conocer datos tan sencillos como el precio de un alquiler para el Ministerio de Justicia o dónde invierte la SGAE los 30 millones de euros que recauda cada año del canon digital –del que rinde cuentas al Ministerio de Cultura– no tiene más remedio que acudir a los tribunales para conseguirlo.

Y eso hizo Acces Info, una organización internacional dedicada a proteger el derecho de acceso a la información en toda Europa. La ONG realizó el pasado año un estudio para evaluar la transparencia de la Administración española, presentando 41 solicitudes de información. Sus integrantes solicitaron a título particular –como ciudadanos de a pie– datos sencillos, como el número de inmigrantes expulsados de España en 2007 o la cantidad de jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial. Aquello fue sólo una excusa. Lo importante no era el dato en sí, sino hacer valer su derecho a acceder a la información pública. De poco sirvió. La gran mayoría de sus peticiones –el 78 por ciento– no tuvo respuesta satisfactoria. De una forma u otra, la Administración se negó a darles la información. Unas veces porque no lo consideraban oportuno. Otras porque no estaba contemplado en normativa alguna o porque, sencillamente, los datos no eran públicos. Sin más explicaciones.

En febrero de 2008, el PSOE desveló una lista con cien razones para votar a José Luis Rodríguez Zapatero. Las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina –se celebraron el 9 de marzo– y el PSOE sacó un argumentario definitivo para aupar a su candidato como presidente. El punto 91 rezaba textualmente, bajo la fotografía de una joven con mirada sonriente: “Garantizaremos por ley el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y documentación oficial que esté en poder de las administraciones”. La promesa no era nueva. Ya estaba en el programa electoral del PSOE desde 2004 y contaba con dos excepciones: “Salvo en materia de secretos oficiales y protección de datos”.

A día de hoy, España es el único país avanzado de la Unión Europea que carece de una ley que regule el nivel de acceso de los ciudadanos a la información pública. Y tras seis años ininterrumpidos de Gobierno, el Ejecutivo de Zapatero se ha puesto a ello. El pasado 10 de diciembre, el servicio jurídico del Ministerio de Presidencia, encargado de elaborar el borrador de la nueva ley, se reunió con la plataforma Coalición Pro Acceso, donde se agrupan 29 organizaciones no gubernamentales.

Los portavoces estatales se comprometieron a crear un organismo independiente, al estilo del Defensor del Pueblo, que se encargue de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública. La nueva normativa prohibirá de forma tajante el silencio administrativo y reducirá el plazo que tienen las instituciones públicas para entregar la información, que en la actualidad es de tres meses.

Sin embargo, las promesas no han contentado a todos los presentes, ya que el equipo liderado por Ángeles Ahumada, directora general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, prevé modificar el reglamento existente para el acceso a los archivos estatales, mientras los miembros de la Coalición Pro Acceso persiguen que el hecho de recibir información pública sea reconocido como un derecho fundamental, recogido en el artículo 20 de la Constitución. Y eso implicaría la creación de una ley orgánica.

En cualquier caso, la normativa española se tiene que adecuar a los principios aprobados por el Consejo de Europa, que aseguran información para todos los ciudadanos, gratuita y de forma “inmediata”. En un punto vital del articulado, la Convención Sobre Documentos Públicos del Consejo de Europa prohíbe a los miembros de la Administración preguntar por el motivo de la consulta. Con esta premisa, nadie podrá preguntar por qué un ciudadano, investigador o periodista solicita la cifra de gastos de un ministerio o cualquier otro dato sensible para la imagen pública. Lo que se busca es evitar posibles vetos estatales dependiendo de la motivación.
A la cabeza de la Unión Europea en este terreno se encuentra Suecia, donde los funcionarios tienen la obligación legal de primar las consultas públicas sobre cualquier otro trabajo y la Administración contesta a cualquier requerimiento en un plazo máximo de 48 horas. Estos plazos son vitales cuando, por ejemplo, un ciudadano tiene que litigar contra un poder público y requiere de un dato o expediente para preparar su denuncia. Es común que la entidad en cuestión se escude en el silencio administrativo para demorar el proceso. El ciudadano tiene que ir primero a los tribunales para conseguir el dato en cuestión, lo que puede alargar el proceso casi un año. Y luego, plantear su demanda real.

Mientras el Ejecutivo español mantiene su hoja de ruta y espera llevar la nueva ley al Congreso en junio de 2010, algunas de las peticiones de la organización Acces Info han terminado en los tribunales (ver recuadros). La más avanzada, contra el Ministerio de Justicia, fue rechazada por la Audiencia Nacional. El fallo está recurrido en el Tribunal Supremo. Los denunciantes están dispuestos a llevar todos los casos hasta el final y terminar, si es necesario, ante los organismos jurídicos de la Unión Europea. Allí, la jurisprudencia está por el momento a su favor.